Propone ejecutivo que la 3de3 sea para los tres poderes públicos
Aguascalientes, Mayo 09 (2017).-El Gobernador Martín Orozco Sandoval envió al Congreso del Estado la iniciativa para crear la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que viene a reforzar el Sistema Estatal Anticorrupción y sustituiría la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
Javier Luévano Núñez, Secretario General de Gobierno entregó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Martínez Delgado, la iniciativa que posteriormente será analizada por los legisladores.
“La corrupción como problema público, es un tema complejo que vulnera los derechos de la ciudadanía y ante dicha realidad, el Gobierno del Estado no puede quedarse de brazos cruzados, sino que debe actuar en consecuencia. Estamos ante un gobierno estatal comprometido con la transparencia, la imparcialidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”, dijo el titular de la Secretaría General de Gobierno, ante los legisladores presentes para recibir la iniciativa.
Luévano Núñez explicó que la propuesta enviada por el Ejecutivo, busca desincentivar las prácticas de corrupción, sancionando de manera más severa a los servidores públicos que incurran en ese tipo de actos, ya que es una demanda legítima de los ciudadanos y una promesa a punto de cristalizarse.
La iniciativa de ley contempla como obligatoria la presentación de la llamada “tres de tres”, que son las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, por parte de los servidores públicos de los tres poderes del Estado y organismos autónomos constitucionales, a partir del cargo de jefe de departamento y superiores.
Además, no solamente contempla a los servidores públicos como sujetos obligados al cumplimiento de la ley, sino que incluye a los particulares que reciban recursos públicos, derivado de las transacciones que realizan con el Estado y en consecuencia, deben ser fiscalizados.
Como una manera de fomentar la participación ciudadana en el combate a la corrupción, la iniciativa contempla la denuncia anónima y por vía electrónica, mediante una plataforma digital que desarrollará la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRECU).
Mientras que el periodo de prescripción de las faltas que cometan los servidores públicos se incrementa, al pasar de tres años para las no graves y siete para las graves, esto significa que incluso concluido un sexenio o dos administraciones municipales, se pueden iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
De igual forma se incrementan las sanciones, al pasar de 15 a 20 años el tiempo de inhabilitación a los servidores públicos.